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MEGAMINERÍA – JUGAR CON FUEGO

Dic 18, 2021 | Frente Vecinal Esquel

 

Asamblea de afiliados y adherentes del Frente Vecinal. Documento elaborado ante la gravedad de la situación generada por el gobierno provincial y la aprobación de la Ley de Zonificación minera.

 

FRENTE VECINAL ESQUEL

Declaración de la Asamblea de Afiliados y Adherentes

JUGAR CON FUEGO

El gobierno de Arcioni y sus mandantes, el lobby megaminero, sabían desde hace tiempo que el extractivismo no tiene licencia social en la Provincia. El movimiento de resistencia nacido en Esquel a mediados del 2002 se fue paulatinamente extendiendo al resto de la provincia y tuvo dos expresiones contundentes en sendas presentaciones de proyectos de ley por iniciativa popular. La primera fue objeto de la más burda tergiversación al momento de ser votada en la recordada sesión de la legislatura del 25 de noviembre de 2014, con un texto falsificado. El escándalo fue tal que los diputados surgidos de las elecciones de 2015 se vieron forzados a derogar aquel engendro. Fue por esa creciente conciencia social que en la campaña electoral de 2019 todos los candidatos se presentaron como defensores del ambiente, prometiendo que no permitirían el avance de la megaminería en el territorio provincial. Incluso el entonces vicegobernador que se encontraba completando el mandato del fallecido Das Neves y que se candidateó para un nuevo mandato. En esa campaña electoral, Arcioni se manifestó, en varias oportunidades, expresamente en contra de la megaminería y hasta fundamentó su posición con argumentos propios de las asambleas ciudadanas. Y el arcionismo ganó las elecciones de ese año. Una vez en el poder, rápidamente sepultó aquellas promesas y encaró el plan dictado por el gobierno nacional, obediente a los intereses de las multinacionales, para imponer la megaminería, al comienzo de manera solapada, hasta que una segunda Iniciativa Popular, con más de treinta mil firmas, aceleró los tiempos. Así se gestó el famoso proyecto 128, que tenía como objetivo inmediato contrarrestar la segunda Iniciativa Popular. Poco a poco el proyecto fue venciendo la resistencia de diputados que, al principio, se pronunciaron declaradamente en contra de la actividad y terminaron siendo sumisos defensores. Hasta que llegó la nefasta jornada del 15 de diciembre, en la que se saca de la galera una sesión antirreglamentaria para terminar aprobando una ley sin validez jurídica y sin legitimidad social. Pero esa no fue la única pieza del juego siniestro del arcionismo megaminero. La ley de zonificación es parte de un trípode muy bien planificado. Las otras dos patas son: la ley que restringe el acceso a la justicia en materia de amparos (votada por más diputados que los que votaron la zonificación, entre ellos los diputados/a cordilleranos/a) y la designación de cuatro nuevos integrantes del Superior Tribunal de Justicia, afines al gobierno, votados por unanimidad en la Legislatura. Con eso crearon una red de protección para la ley que luego impusieron. Ahora va a ser más difícil presentar amparos contra esa ley y, cuando esos amparos lleguen al S.T.J. su suerte quedará en manos de los jueces amigos. Desde el punto de vista jurídico, la ley de zonificación tiene por lo menos cuatro vicios:
  • Fue sancionada en una sesión sin cumplir los pasos que establece el Reglamento. En nuestra Provincia hay por lo menos un antecedente en el que la Justicia anuló una decisión de la Legislatura por violación al Reglamento, en la que había rechazado la Carta Orgánica de Esquel (sentencia del S.T.J. del 10/06/2008, en el Expediente Nº 20.879-C-2.007, caratulado “CONVENCIÓN CONSTITUYENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Acción Meramente Declarativa - Conflicto de Poderes”).
  • La ley de zonificación incumple lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la ley XVII-68 (ex ley 5001), que establece que la zonificación debe efectuarse a propuesta del Consejo Provincial del Ambiente, lo que nunca ocurrió. La ley XVII-68 no solo no fue derogada sino que es citada por esta ley de zonificación.
  • La ley de zonificación incumple lo dispuesto por el Acuerdo de Escazú, que es un Convenio Internacional firmado por nuestro país, en el que los países adherentes se obligan a no dictar normas que rebajen las medidas de protección del ambiente (principio de no regresividad) y se comprometen a tomar medidas cada vez más protectoras (principio de progresividad).
  • La ley de zonificación incumple lo dispuesto por el Convenio 169 de la O.I.T., también suscripto por nuestro país, en el cual los países firmantes se obligan a consultar de manera previa e informada a las comunidades de pueblos originarios antes de tomar cualquier medida que pueda afectarlas. La consulta debe efectuarse respetando la modalidad en que dichas comunidades acostumbran tomar decisiones.
Así como carece de validez jurídica por su carácter claramente inconstitucional, tampoco cuenta con legitimidad social, tal como quedó demostrado con la espontánea e indignada reacción de gran parte de la ciudadanía a lo largo y ancho del territorio provincial e incluso en diversos lugares fuera de la Provincia que se expresaron en solidaridad con los chubutenses y en repudio de esta maniobra irresponsable de sus autoridades. Irresponsable, porque el gobierno provincial conocía perfectamente la firme posición de los habitantes de la Provincia en defensa del ambiente, del agua y de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Y por eso era esperable que, ante semejante burla, su reacción fuera inmediata. El movimiento de resistencia a la megaminería que se viene desarrollando desde hace casi veinte años, a través de las numerosas Asambleas en cada pueblo y ciudad de la provincia, es esencialmente pacífico y respetuoso de las instituciones y de la democracia. Para confirmarlo, baste recordar que sus principales acciones se desenvuelven siempre dentro de los canales constitucionales: manifestaciones y marchas callejeras (ejercicio del derecho de peticionar, art. 14 de la Constitución Nacional), consulta popular del 23 de marzo de 2003 en Esquel (arts. 232 y 262 de la Constitución Provincial) y la presentación de proyectos de ley por Iniciativa Popular en dos oportunidades (art. 263 de la Constitución Provincial). Pero el gobierno, ilegitimado por esta sucia maniobra obscena en contra de la voluntad popular, necesitaba hechos violentos que sirvieran, a la vez como distractores y como justificantes de sus actos. Hay fuertes sospechas (incluso circulan fotos y videos) de que los hechos incendiarios podrían provenir de aquellos sectores que quieren inculpar al movimiento popular tachándolo de violento. Si la resistencia se encara únicamente por la vía judicial, lo más probable es que la ley de zonificación sea declarada nula, pero para eso habrá de recorrerse un larguísimo camino judicial. Entretanto la minera explotará el yacimiento y para cuando la Justicia termine dando la razón al pueblo, será solo testimonial. Por eso, la presencia en las calles, pacífica como siempre, no puede abandonarse sino que tiene que ser alimentada todos los días. El arcionismo y sus patrones apuestan al desgaste. El éxito de la resistencia popular depende de su capacidad de sostenerse en el tiempo y no decaer hasta que no se reviertan las medidas tomadas contra el pueblo. La jornada del 15 de diciembre deja en claro que las decisiones se toman en la política y la toman los políticos que votamos. Por lo tanto, la movilización, los reclamos y protesta callejera son enormemente útiles y necesarios pero no suficientes. La lucha también hay que darla en las urnas. Porque, finalmente, las leyes van a depender de quiénes compongan los órganos legislativos (congreso, legislatura, concejo deliberante) y ellos surgen de las listas que se votan. Los 14 diputados que aprobaron la ley de zonificación no son los únicos responsables del avance megaminero. No se trata de decisiones personales o individuales. Se llega a esto como consecuencia del pacto de gobernabilidad que garantizó la continuidad de Arcioni, para que haga el trabajo sucio, respondiendo al modelo extractivista que apoyan (explícita o calladamente) todos los partidos que componen la legislatura. La protección del ambiente y la defensa del agua y de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras es parte constitutiva de la doctrina del FVE que, como partido, viene marchando junto con los vecinos desde el inicio del movimiento a mediados del 2002. Con la autoridad que nos da nuestra historia, ante la gravedad de la situación generada por la irresponsabilidad de los partidos hegemónicos, reclamamos la imprescindible DEROGACIÓN DE LA LEY DE ZONIFICACIÓN YA! ESQUEL, 18 de diciembre de 2021 ASAMBLEA DE AFILIADOS Y ADHERENTES FRENTE VECINAL ESQUEL   El Documento en este enlace 👉  FVE - JUGAR CON FUEGO    

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