Asamblea de afiliados y adherentes del Frente Vecinal. Documento elaborado ante la gravedad de la situación generada por el gobierno provincial y la aprobación de la Ley de Zonificación minera.
FRENTE VECINAL ESQUEL
Declaración de la Asamblea de Afiliados y Adherentes
JUGAR CON FUEGO
El gobierno de Arcioni y sus mandantes, el lobby megaminero, sabían desde hace tiempo que el extractivismo no tiene licencia social en la Provincia. El movimiento de resistencia nacido en Esquel a mediados del 2002 se fue paulatinamente extendiendo al resto de la provincia y tuvo dos expresiones contundentes en sendas presentaciones de proyectos de ley por iniciativa popular. La primera fue objeto de la más burda tergiversación al momento de ser votada en la recordada sesión de la legislatura del 25 de noviembre de 2014, con un texto falsificado. El escándalo fue tal que los diputados surgidos de las elecciones de 2015 se vieron forzados a derogar aquel engendro. Fue por esa creciente conciencia social que en la campaña electoral de 2019 todos los candidatos se presentaron como defensores del ambiente, prometiendo que no permitirían el avance de la megaminería en el territorio provincial. Incluso el entonces vicegobernador que se encontraba completando el mandato del fallecido Das Neves y que se candidateó para un nuevo mandato. En esa campaña electoral, Arcioni se manifestó, en varias oportunidades, expresamente en contra de la megaminería y hasta fundamentó su posición con argumentos propios de las asambleas ciudadanas. Y el arcionismo ganó las elecciones de ese año. Una vez en el poder, rápidamente sepultó aquellas promesas y encaró el plan dictado por el gobierno nacional, obediente a los intereses de las multinacionales, para imponer la megaminería, al comienzo de manera solapada, hasta que una segunda Iniciativa Popular, con más de treinta mil firmas, aceleró los tiempos. Así se gestó el famoso proyecto 128, que tenía como objetivo inmediato contrarrestar la segunda Iniciativa Popular. Poco a poco el proyecto fue venciendo la resistencia de diputados que, al principio, se pronunciaron declaradamente en contra de la actividad y terminaron siendo sumisos defensores. Hasta que llegó la nefasta jornada del 15 de diciembre, en la que se saca de la galera una sesión antirreglamentaria para terminar aprobando una ley sin validez jurídica y sin legitimidad social. Pero esa no fue la única pieza del juego siniestro del arcionismo megaminero. La ley de zonificación es parte de un trípode muy bien planificado. Las otras dos patas son: la ley que restringe el acceso a la justicia en materia de amparos (votada por más diputados que los que votaron la zonificación, entre ellos los diputados/a cordilleranos/a) y la designación de cuatro nuevos integrantes del Superior Tribunal de Justicia, afines al gobierno, votados por unanimidad en la Legislatura. Con eso crearon una red de protección para la ley que luego impusieron. Ahora va a ser más difícil presentar amparos contra esa ley y, cuando esos amparos lleguen al S.T.J. su suerte quedará en manos de los jueces amigos. Desde el punto de vista jurídico, la ley de zonificación tiene por lo menos cuatro vicios:- Fue sancionada en una sesión sin cumplir los pasos que establece el Reglamento. En nuestra Provincia hay por lo menos un antecedente en el que la Justicia anuló una decisión de la Legislatura por violación al Reglamento, en la que había rechazado la Carta Orgánica de Esquel (sentencia del S.T.J. del 10/06/2008, en el Expediente Nº 20.879-C-2.007, caratulado “CONVENCIÓN CONSTITUYENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESQUEL c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Acción Meramente Declarativa - Conflicto de Poderes”).
- La ley de zonificación incumple lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la ley XVII-68 (ex ley 5001), que establece que la zonificación debe efectuarse a propuesta del Consejo Provincial del Ambiente, lo que nunca ocurrió. La ley XVII-68 no solo no fue derogada sino que es citada por esta ley de zonificación.
- La ley de zonificación incumple lo dispuesto por el Acuerdo de Escazú, que es un Convenio Internacional firmado por nuestro país, en el que los países adherentes se obligan a no dictar normas que rebajen las medidas de protección del ambiente (principio de no regresividad) y se comprometen a tomar medidas cada vez más protectoras (principio de progresividad).
- La ley de zonificación incumple lo dispuesto por el Convenio 169 de la O.I.T., también suscripto por nuestro país, en el cual los países firmantes se obligan a consultar de manera previa e informada a las comunidades de pueblos originarios antes de tomar cualquier medida que pueda afectarlas. La consulta debe efectuarse respetando la modalidad en que dichas comunidades acostumbran tomar decisiones.